NORTE HOY – La reciente multa impuesta al Club Social Ramallo por el uso de pirotecnia durante un encuentro disputado en la localidad de Pérez Millán volvió a encender un debate sensible en el distrito: cuál es el verdadero rol que asume el Municipio frente a los clubes deportivos. La sanción económica, que asciende a $365.000, fue aplicada en el marco de la ordenanza de Pirotecnia Cero y notificada a fines de enero por el Juzgado de Faltas junto a la Secretaría de Gobierno. El hecho que dio origen al expediente ocurrió el 14 de septiembre de 2025, cuando simpatizantes arrojaron artefactos pirotécnicos en la previa del partido. Según detalló la propia institución, la actuación municipal fue de oficio y avanzó a través de un proceso administrativo que concluyó con la imposición de la multa y un plazo acotado para su pago, bajo apercibimiento de recargos. La medida generó un fuerte impacto en la economía del club, que sostiene diariamente actividades deportivas y sociales. Desde el Club Social Ramallo emitieron un comunicado en el que ratificaron su adhesión a la normativa vigente y su compromiso con la concientización sobre los efectos nocivos de la pirotecnia, especialmente en personas con hipersensibilidad y en animales. También informaron que intentarán identificar a los responsables para aplicar sanciones internas. No obstante, dejaron en claro la preocupación que genera una decisión de este tipo en una institución de base. El episodio no resulta aislado. Meses atrás, el Club Los Andes de Villa Ramallo atravesó una situación similar tras una denuncia por detonaciones en las inmediaciones de su sede. En aquel caso, la resolución incluyó una clausura, una multa de alto monto y la suspensión de actividades durante varias semanas, afectando directamente a cientos de chicos y jóvenes. En ambos antecedentes, las dirigencias cuestionaron la escasez de instancias reales de descargo y la falta de pruebas contundentes. Con el paso del tiempo, estos hechos comienzan a consolidar una percepción extendida en el ámbito deportivo: el Municipio parece inclinarse por una lógica sancionatoria antes que por una política de acompañamiento institucional. A este escenario se suma otro foco de tensión. La gestión del intendente Mauro Poletti enfrenta cuestionamientos por los atrasos en el pago del Fondo Municipal del Deporte, una herramienta clave para el sostenimiento de las entidades. Desde 2025, la demora en esos recursos impacta de lleno en el mantenimiento de las instalaciones, la compra de insumos y el traslado de deportistas. La contradicción es evidente. Mientras se exige un cumplimiento estricto de las ordenanzas, el propio Estado local incumple compromisos financieros asumidos con los clubes. Esa dinámica debilita a instituciones que cumplen un rol social central, conteniendo a niños y adolescentes y ofreciendo espacios de pertenencia y formación. Nadie pone en discusión la necesidad de erradicar la pirotecnia y garantizar eventos seguros e inclusivos. Pero una política pública efectiva no puede limitarse a la aplicación automática de multas. Sin prevención, sin diálogo y sin apoyo concreto, las sanciones corren el riesgo de convertirse en una herramienta meramente recaudatoria, lejos de cualquier objetivo educativo o transformador. Opinión pública Cuando el castigo reemplaza al acompañamiento, el mensaje que reciben los clubes es claro y preocupante. Sancionar sin fortalecer termina debilitando a las mismas instituciones que el Estado dice querer proteger. En ese equilibrio se juega algo más que una ordenanza: se define el modelo de comunidad que Ramallo pretende construir. NORTE HOY
